Si los hermanos Quispe Palomino son narcotraficantes, su organización es un clan de la droga

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Los sectores pro-militaristas del Perú se aferran a las denominaciones que son funcionales a los intereses de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que ha pasado luego que los EEUU, a través de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, consideraran a Víctor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino y Florindo Eleuterio Flores Hala, alias “Artemio”, como narcotraficantes. A contrapelo de la consideración norteamericana, persisten en llamarlos “narcoterroristas”, “terroristas” o “senderistas”.

Es decir, ahora aceptan que son narcotraficantes pero le siguen llamando igual (“narcoterroristas”, “terroristas” o “senderistas”). ¿No son conscientes que es un contrasentido considerarlos narcotraficantes y seguir llamándoles “terroristas” o “narcoterroristas”? Creo que son conscientes. ¿Entonces, porque mantienen incólume la denominación anterior, “terroristas”, y no asumen que son -como los considera hoy los EEUU- narcotraficantes?

La respuesta es la siguiente: ahora aceptan que los “terroristas” o “senderistas” son narcotraficantes porque quieren mantener incólume la caracterización que justico y justifica la presencia predominante de las FFAA en los Valles de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM). No hay otra explicación. No lo hacen porque no se dan cuenta que los narcotraficantes no pueden ser “terroristas” ni “narcoterroristas”. O sea, no hay ingenuidad ni les falta capacidad para extraer las consecuencias que representa llamarlos narcotraficantes.

Efectivamente, para los sectores pro-militaristas los narcotraficantes pueden ser “terroristas” o “senderistas”. ¿Se puede seguir considerando “terroristas” a los narcotraficantes? Definitivamente no. O son narcotraficantes o son terroristas. No hay término medio. ¿Porque? Pues porque revelan fenómenos de naturaleza distinta. Sin embargo, más allá de las nomenclaturas que se pretende hibridar, los hechos indican que los “terroristas” son, en realidad, narcotraficantes.

Una sumaria mirada retrospectiva de su evolución post senderista lo ilustra: del 2000-2003, protegían a los “mochileros”, jóvenes que cargaban 10 a 15 kilos de PBC en mochilas; del 2004-2006, procesaban PBC; del 2007-2008, tenían laboratorios de refinamiento de cocaína; y, desde 2009 hasta la actualidad, acopian-compran cocaína en el VRAE y lo venden a firmas de varias regiones (Apurimac, Ucayali, Loreto, Junín y Ayacucho). No son, pues, simples “guachimanes” de los “mochileros”. Son, desde el 2004, narcotraficantes que -con el paso del tiempo- han avanzado en la cadena empresarial de la cocaína.

Más claro: son un clan de la droga. Un clan de la droga que tiene diversas funciones en la cadena de producción y trafico ilícito de drogas: dan protección a los “mochileros” a cambio de “cupos” (dinero), cobran (hoy en las zonas que pueden) “cupos” por el paso de la droga y, las emboscadas a policías y militares, lo hacían -y pueden volver hacerlo- para garantizar el “libre” tránsito de los cargamentos de la droga. Y, desde el 2010, “ajustan cuentas” con los que ellos llaman “soplones”, sea civil o agente de inteligencia (sobre esto volveremos después).

Así, luego de más de diez años que esa organización se reconvirtió en una firma del narcotráfico, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de los EEUU llega a considerar a los dos hermanos Quispe Palomino como narcotraficantes. Pero esa forma de verlos por parte de los EEUU no debe ser para mezclar y crear conceptos híbridos (“es una organización terrorista con narcotraficantes”) sino para redefinir esas denominaciones (“narcoterroristas” y “senderistas”) por la de narcotraficantes y, su organización, como una firma o clan de la droga.

Eso por una sencilla razón: no es posible que los jefes de esta organización sean narcotraficantes y su organización sea “terrorista” o “senderista”. En ese sentido, los sectores pro-militares no pueden crear denominaciones hibridas para justificar la estrategia militar antisubversiva que se ejecuta desde marzo del 2008 en el VRAEM. Hay que reformular las denominaciones y caracterizaciones y asumir todas sus consecuencias lógicas y prácticas.

Y, sin duda alguna, una de las consecuencias de ese replanteamiento conceptual es que la estrategia militar antisubversiva ha sido -y es- equivocada para una de las cuencas donde existe 21 mil hectáreas de coca, una producción que oscila entre 160 a 170 toneladas de cocaína, unas 20 mil familias dedicadas a la producción de coca y más de cien firmas locales y medianas que abastecen de cocaína a poderosos clanes en Lima y el litoral norte y sur del país. En suma, la principal zona del narcotráfico peruano.

En consecuencia, esa estrategia militar o, la militarización del VRAEM, tiene que ser cancelada. Abrogada. Ya no es posible reinventar y recrear el “terrorismo” o “sendero”, inexistente desde el 14 de julio de 1999, cuando dos hermanos Quispe Palomino facilitaron la captura de “Feliciano” para tomar el camino de reconversión en narcotraficantes, para justificar la presencia de las FFAA en el VRAEM.

Además, porque es ostensible que miembros de las FFAA estaban instrumentalizando ese discurso, con la condescendencia de la mayoría de analistas y medios de comunicación, para –esto hay que decirlo claramente- para manejar parte importante del negocio de la droga. Un jefe de una base militar del distrito de Echarate, el mes de febrero pasado, se quedó con la mitad de una carga de cocaína que decomiso: 150 kilos de 300 que decomisaron. Hay muchos casos más.

Hay que cortar el neomilitarismo narco en curso, como tuvimos en parte de los 80 y, sobre todo, en los 90. Así también es necesario, pero es muy dificil que Ollanta Humala lo haga, reformular la intervención del Estado en el VRAEM, es decir, diseñar e implementar una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico y no contra un fantasmagórico “terrorismo” o “sendero”, como ha sido desde marzo del 2008.

Jaime Antezana Rivera

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